El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha anunciado un plan estatal para ayudar a la reforma y modernización de la prensa escrita en Francia, que recibirá una inyección de 600 millones de euros en los próximos tres años. Un plan que anhela la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) sin parar a pensar (¿o sí?) en la desgracia que supone para una sociedad la intervención del Estado en los medios de comunicación, que debieran presumirse independientes.
Entre las medidas contempladas figuran doblar el gasto en comunicación institucional del Estado y los organismos públicos en diarios escritos y digitales para compensar la caída de la inversión publicitaria.
“Una prensa libre, plural e independiente es uno de los bienes más útiles para la democracia y no seré yo quien asista impotente a la desaparición de un grupo de prensa porque una crisis coyuntural venga a añadirse a una crisis estructural a la que se añade una revolución tecnológica”, dijo Sarkozy en el Elíseo ante periodistas y empresarios de la comunicación.
Demagogia. El plan de Sarkozy sólo es pan para hoy y hambre para mañana, y no debe ser un ejemplo a seguir en España. La inyección de dinero por parte del Estado no arreglará los problemas de una prensa, la escrita, condenada a minimizarse y a abandonar la información por el análisis (es contraproducente y anacrónico intentar mantener un consumo irresponsable de papel cuando ya se han popularizado Internet y las redes móviles). Tampoco solventará crisis estructural alguna, como alardea Sarkozy en el caso francés, porque la crisis del sector es conceptual. De nada valen 600 millones si no se invierten en innovación, si sólo van destinados a mantener un modelo arcaico de comunicación, un modelo plegado a los magnates mercantiles y al poder político, un modelo que sigue considerando al público mero cliente, con concesiones onanistas como son los espacios ciudadanos en los digitales (onanismo controlado).
Por otro lado, no es posible revitalizar a la prensa mientras las propias empresas de comunicación mantengan la irracional destrucción de la profesión, con despidos masivos y precarización laboral. Unos profesionales puteados por sus empresas y por los lectores “periodistas ciudadanos” (?) no están en condiciones de ejercer un periodismo de calidad. Si hay algo en lo que sí debieran intervenir los Estados es en la defensa de la profesión, no del negocio.
Una prensa subvencionada es una prensa controlada, dependiente y plegada al poder político, y agudiza aún más el deterioro y la crisis de un sector perniciosamente atado y coartado por la publicidad institucional y las prebendas.
Una prensa subvencionada es un cáncer para la democracia. Una prensa subvencionada no hace periodismo, sino panfletismo.
Señores editores españoles, por favor, no salgan corriendo a hacerle un francés al Gobierno.
